La consolidación fiscal en sociedades en concurso. Estudio de la obligación de consolidar en el Impuesto sobre Sociedades durante la situación concursal y tras la aprobación de un convenio con los acreedores.
Leer másEl Tribunal Superior de Justicia de de la Comunidad Valenciana en su reciente Sentencia 520/2016, de 14 de septiembre de 2016, ha introducido una importante novedad, relativa a la admisión de escrituras como prueba suficiente para acreditar la inexistencia del hecho imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por minusvaloración del terreno, sin necesidad de aportar el informe pericial que a tales efectos venía siendo exigido por los tribunales.
Leer másLa Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificó el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante para permitir que la duración de las concesiones demaniales, uniendo plazo inicial y prórroga, alcanzase un máximo de 50 años. No obstante, la reforma parece haber olvidado a las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley 27/1992, pues las diferentes disposiciones transitorias no coordinan de la mejor forma las posibilidades de igualar sus plazos con las concesiones posteriores a dicha Ley.
Leer másEn el presente artículo hacemos un estudio normativo y jurisprudencial sobre las obligaciones mercantiles de la Administración Concursal en relación con la formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales de sociedades en situación de concurso de acreedores.
Leer másNuevas medidas tributarias después de que el Consejo de Ministros aprobase el 2 de diciembre, el Real Decreto-Ley 3/2016, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, y el Real Decreto 596/2016, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Leer másEn fecha 26 de mayo de 2015 entró en vigor la Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal, entre cuyas modificaciones se establecieron una serie de obligaciones de publicación de documentación para los administradores concursales en el Registro Público Concursal, así como la comunicación electrónica de los mismos a los acreedores de los que conste dirección de correo electrónico.
Leer másEn las últimas semanas numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la Sentencia número 810/2016 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de julio de 2016 (recurso número 967/2014). El motivo principal del interés suscitado es la calificación como exentas que el Tribunal otorga a las prestaciones por maternidad percibidas de la Seguridad Social a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF). El precedente que sienta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid podría dar pie a una presentación masiva de reclamaciones frente a la Hacienda Pública solicitando la devolución de lo indebidamente cobrado respecto de los ejercicios de IRPF todavía no prescritos.
Leer másSiguiendo con los trabajos propuestos en torno a las modificaciones realizadas en la Ley Concursal recogidas en el nuevo Título X de la Ley 22/2003, por medio de la Ley 14/2013 de apoyo al emprendedor y su internacionalización, de 27 de septiembre, en materia del Acuerdo extrajudicial de pagos, cabe continuar con el estudio de esta nueva institución del mediador concursal. Para ello, inevitablemente debemos hacer una comparativa con la figura ya existente en el marco forense, la Administración Concursal.
Leer másLa nueva Ley de Propiedad Industrial que entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017, trae consigo variaciones en el procedimiento de concesión de patentes.
Leer másEl Tribunal Supremo recientemente ha sentado precedente en el ámbito de las condenas a entidades financieras por la defectuosa comercialización de determinados productos financieros complejos, por cuanto ha admitido que la titulación del cliente en estudios propios del campo de las finanzas no es óbice para que se considere excusable el error sufrido por el mismo a la hora de contratar el producto en cuestión y por tanto, se declare la nulidad del producto.
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